Por  Alfonso Hernández González
El delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México, Juan Manuel Martínez Nava, informó que han detectado que alrededor del 10% de las empresas mexiquenses no realizó el pago correspondiente a la prestación del Reparto de Utilidades, y anunció que continuarán durante septiembre y octubre con el operativo anual de inspecciones sobre las condiciones del trabajo.
En dicha inspección se verifica si el reporte de falta de utilidades corresponde con lo presentado ante el Sistema de Administración Tributaria, y se revisan las condiciones que dieron a conocer las empresas a la autoridad para no entregar la prestación.
El funcionario federal recordó que si las empresas falsearon alguna de esta información, se pueden hacer acreedoras a multas que van desde los 150 a los 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a un pago de entre 20 mil 150 y 403 mil pesos.
Añadió que además de realizar las inspecciones de manera aleatoria, las investigaciones en las empresas se estarán efectuando por denuncia y en este sentido hizo el llamado a los trabajadores a acercarse a la dependencia y realizar la queja, para que se pueda realizar la revisión a la empresa.
“Las utilidades quedan establecidas en la carátula de dicha declaración, la cual indica si existen o no se generaron, y ésta, a su vez, tiene que ser entregada de manera formal a los trabajadores, por eso es importante que si tienen dudas o sospechas se acerquen con nosotros”.
Hasta el momento dijo, se han recibido en las oficinas de la delegación alrededor de 150 quejas por parte de trabajadores sobre este tema, sin embargo, derivado del número de empresas que se tiene en la entidad se estima que puedan llegar a ser muchas más.
Finalmente Martínez Nava precisó que es una obligación de los patrones y un derecho de los trabajadores el recibir de manera equitativa este reparto, por lo que la Secretaría federal en conjunto con la dependencia estatal, darán puntual seguimiento a este tema para no permitir la violación de las garantías de los trabajadores mexiquenses.
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