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Periodistas australianos enjuiciados por violar “mordaza” sobre Pell

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Sydney, 15 (Notimex).- Decenas de periodistas australianos, incluidos editores de importantes periódicos y grupos de medios en línea, comparecieron hoy ante una corte por infringir la “orden mordaza” sobre el veredicto de culpabilidad contra el cardenal George Pell sobre cargos de abuso sexual infantil. El Ministerio Público del sureño estado australiano de Victoria acusó a […]


Sydney, 15 (Notimex).- Decenas de periodistas australianos, incluidos editores de importantes periódicos y grupos de medios en línea, comparecieron hoy ante una corte por infringir la “orden mordaza” sobre el veredicto de culpabilidad contra el cardenal George Pell sobre cargos de abuso sexual infantil.

El Ministerio Público del sureño estado australiano de Victoria acusó a 26 periodistas y 13 medios de comunicación ayudar e instigar al desacato a los tribunales por parte de los medios de comunicación extranjeros y de violar las órdenes de supresión destinadas a garantizar a Pell un juicio justo.

El 26 de febrero pasado, decenas de medios australianos informaron que el Tribunal de Melbourne, capital de Victoria, declaró culpable al cardenal Pell por abuso sexual contra dos menores del coro de la catedral de San Patricio en 1996, cuando era arzobispo en dicha ciudad.

Aunque la sentencia fue emitida en diciembre pasado, la noticia no se había dado a conocer debido a que desde junio de 2018 existía una prohibición judicial, emitida por el juez Peter Kidd, para informar sobre la resolución del juicio para evitar que influyera en un segundo proceso contra el cardenal.

Además del juicio por los supuestos abusos de 1996, Pell también era acusado por otro delito similar, ocurrido en la década de 1970, cuando era sacerdote en la ciudad de Ballarat, en Victoria, aunque este segundo fue descartado por la Justicia australiana.

Entre los periodistas convocados por la justicia australiana se encuentran Ben English, editor del Daily Telegraph de Sydney, y Michael Stutchbury, editor de Australian Financial Review, así como los editores de otros dos periódicos de Melbourne.

Además de las cadenas de noticias Nationwide News de Rupert Murdoch, el mayor grupo de periódicos de Australia, Nine Entertainment; los periódicos The Age, Herald Sun, The Australian Financial Review y Macquarie Media, según un reporte de la cadena ABC.

El abogado Matt Collins QC, quien representa a los medios acusados, dijo en la primera audiencia del caso en el Tribunal Supremo de Victoria que los fiscales debían proporcionar más detalles sobre cómo se alegaban los delitos cometidos, descartando a algunos de ellos como “erróneos”.

“Estos no son un desprecio por las variedades de jardín, no podemos encontrar un precedente para este tipo de cargos. Ninguna de las publicaciones o emisiones, ni siquiera nombró al Cardenal Pell, ni identificó los cargos de los que fue declarado culpable”, subrayó.

Simplemente, agregó el abogado, no hay casos de los que tengamos conocimiento en Australia, donde organizaciones de medios, editores o periodistas hayan sido acusados, y mucho menos declarados culpables de desacato en circunstancias como esta.

La prensa australiana publicó la información sobre el cardenal Pell, luego de los diarios estadunidense The New York Times y The Washington Post publicaron detalles del caso fuera de Australia, argumentando que el juez australiano no puede hacer la ley por el mundo.

En su momento, varios periódicos y organizaciones de medios australianos publicaron titulares quejándose de que estaban siendo censurados por la orden de supresión e indicaron a los australianos que no podían informar sobre una noticia que era de interés público, razón por la que optaron por publicar la condena.

La orden de mordaza aplicado en Australia, que incluia cualquier sitio web u otro formato electrónico o de transmisión accesible dentro del país, se levantó el 26 de febrero, cuando se retiraron los cargos por el segundo juicio contra Pell.

Según las leyes del estado de Victoria, el incumplimiento de las órdenes de supresión contempla la condena de hasta cinco años de cárcel y el pago de multas por casi 71 mil dólares para individuos y casi el doble para compañías o cadena informativas.

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