Conforme se conocen las irregularidades detectadas en la auditoría a la administración del morenista, Juan Rodolfo Sánchez Gómez en la ciudad capital del Estado de México, (auditoría 2021), se entiende más la irresponsabilidad con la que actuó él y sus cercanos.

La frivolidad con que se condujeron y la deshonestidad y ocurrencias con que manejaron más de dos mil 500 millones de pesos, señalamientos que, por supuesto, obran en documentos oficiales y son objeto de ser consideradas como irregularidades graves y evidentemente causa de un gran perjuicio al Ayuntamiento de Toluca.

Para dar continuidad a la serie de inconsistencias, hasta el momento encontradas por la instancia correspondiente, está lo relacionado a la partida que hace referencia a servicios informáticos, en donde se realizó de manera indebida el pago de servicios de conciliación de los meses de noviembre y diciembre de 2021.

A eso habrá que agregar la no existencia de documentación que acredite que los pagos realizados por el importe de $10,210,670.30 se hayan realizado legalmente, de acuerdo a las especificaciones legales.

Digno es de recordar que en ese entonces alcalde de Toluca, Sánchez Gómez, presumió con bombo y platillo el aumento en el número de elementos policiacos para garantizar la seguridad a la población, con sueldos importantes para evitar actos de corrupción, entre otras cosas.

Así, hoy nos enteramos, al menos en dos ocasiones se realizó la adquisición de uniformes, prendas de seguridad y protección personal y ropa de trabajo, por montos de $806,629.20 y $815,897.60, y qué creen, no existe constancia alguna que demuestre  la recepción de los materiales adquiridos, la entrega de los mismos a los beneficiarios, su uso y destino.

Para algunos esto significa una compra simulada, por cierto, en no pocas ocasiones “cadetes” de la policía dieron a conocer  además, en plena pandemia por la Covid-19, les obligaban a comprar sus cubrebocas, guantes de látex y gel para limpiarse constantemente las manos. Pero eso sí, los obligaron a firmar de recibidos todos los insumos con la amenaza de quitarles la plaza, despedirles sin darles las garantías de ley.

Los temas de irregularidades no paran ahí, la revisión realizada a actividades también reflejan que en la adquisición de  útiles de oficina y artículos de papelería, esto por un monto superior a 20 millones de pesos, tampoco existe constancia alguna que demuestre la recepción de materiales adquiridos, la entrega de los mismos a los beneficiarios y claro, su uso y destino.