CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Tras una decisión del máximo órgano de justicia de Guatemala, que el miércoles rechazó la candidatura presidencial de la exfiscal Thelma Aldana, en el país centroamericano crece la incertidumbre a un mes de que se lleven acabo elecciones generales.
Aldana lideró una cruzada anticorrupción contra el gobierno en años recientes y el panorama actual eleva la preocupación de los observadores sobre lo que pasará en la lucha contra este flajelo.
En 2015 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ponía el dedo sobre la llaga: según sus señalamientos, el sistema político estaba cooptado y afectado por el narcotráfico y el financiamiento electoral ilícito. Todo indica que ahora adolece de lo mismo.
Para Adriana Beltrán, de la Oficina en Washington para Latinoamérica (Wola por sus siglás en inglés), un tanque de pensamiento sobre temas de la región, la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) contra Aldana fue desafortunada pero deberá acatarse. “Fue evidente que los sectores corruptos en Guatemala se unieron para evitar su participación a toda costa”, dijo y agregó que esto pondría en duda la continuidad del esfuerzo realizado para enfrentar la impunidad y la corrupción en el país.
“Aldana los aterroriza”, expresó Christine Wade, científica política especializada en América Central en el Washington College de Maryland, y concuerda en que la decisión de separar a Aldana de la contienda fue “decepcionante”.
“Creo que los poderes profundamente arraigados y establecidos que están en Guatemala están absolutamente aterrorizados de una candidata como Thelma. Tiene un historial comprobado como fiscal general, de encarcelar a expresidentes y vicepresidentes. Ha trabajado muy estrechamente con la CICIG. Y es realmente difícil ver la decisión del tribunal constitucional como algo que no está más que motivado políticamente”, agregó.
De cara a las elecciones del 16 de junio, faltan candidaturas por definirse.
El jueves la CC revisará una apelación de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no retirar la inmunidad a la candidata puntera en las encuestas, Sandra Torres, para investigarla por acusaciones de ocultar financiamiento ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015, mismo que la lanza en estas elecciones.
Quienes quedaron fuera de la contienda por la CC son: Zury Ríos Sosa, por ser hija del exdictador José Efraín Ríos Montt, quien tuvo que acatar la prohibición constitucional de que familiares de un jefe de Estado no pueden buscar la presidencia; Mauricio Radford, por tener un caso de corrupción abierto y pendiente en su contra; Mario Estrada, quien está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, y Aldana. Contra ella se alegó que carece de un documento vigente que acredite que no tiene cuentas pendientes.
La población llegará a las urnas cansada del gobierno de Jimmy Morales, un excomediante de televisión que llegó al poder en 2015 y pareciera que rápidamente olvidó sus promesas de campaña. Su gobierno se ha visto envuelto en señalamientos de corrupción y entre otras cosas puso fin al mandato de la CICIG.
Cesar Sigüenza, abogado que trabaja en el análisis temas parlamentarios, dice que la población saldrá a votar sólo con esperanza de que algo cambie. “En general estamos a las puertas de unas elecciones donde es muy difícil aventurarse y decir quién va a ser el que le saque provecho a los votos que están en el aire”, dijo.
Sigüenza recordó que las elecciones llegaron también aplicando una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que fue “en gran medida un gran fracaso porque no solucionó los problemas de fondo que tenemos, que era la de renovar cuadros, ahora tenemos la misma clase de candidatos”, dijo.
El abogado agregó que hoy día hay grandes partidos políticos que han centralizado la pauta publicitaria y pequeños partidos con muy pocas posibilidades de ascender, algo que la nueva ley también trataba de evitar para dar equilibrio a la elección.
Y mientras las discusiones se centran en la suerte de los presidenciales, la población podría dejar de ver a otros candidatos, donde se concentra el poder local: diputaciones y alcaldes que también competirán en junio y el TSE aún mantiene en trámite para inscribirse.
“La gente no logra conectarse con el candidato por el que está votando. Pareciera que sólo aparecen cada cuatro años y si los individuos no tenemos capacidad de saber quiénes nos representan, mucho menos para fiscalizarlos”, dijo Sigüenza, “Incluso el guatemalteco bien informado va a llegar con muchas dudas”.
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Peter Orsi colaboró en esta historia desde ciudad de México
