CARACAS (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso el jueves sanciones a la agencia militar de espionaje de Venezuela, señalada de haber torturado y matado a un capitán de la fuerza naval que estaba bajo su custodia.

Se trata de la medida de presión más reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro después de otra ronda de negociaciones en Barbados entre el gobierno venezolano y líderes de la oposición, con la meta de poner fin a la crisis política del país sudamericano.

El portavoz de Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que las negociaciones moderadas por Noruega terminaron el miércoles y que lograron un intercambio exitoso. No dio detalles ni quedó claro de inmediato si se había logrado algún acuerdo.

La oposición _respaldada por Estados Unidos_ exige una elección presidencial anticipada, sosteniendo que la reelección de Maduro el año pasado fue inválida.

Pocos tenían esperanzas puestas en la última ronda de negociaciones. Otras negociaciones parecidas no han podido ofrecer soluciones a la crisis política y financiera de Venezuela, que ha empeorado en los últimos años, desatando una de las peores migraciones de la historia de Latinoamérica.

Maduro dice con frecuencia que está dispuesto a negociar para poner fin a las hostilidades y alcanzar la paz, pero la oposición acusa al gobierno socialista de usar las negociaciones como maniobra paralizadora mientras sigue amenazando, torturando y asesinando oponentes políticos.

Entre tanto, las sanciones de Estados Unidos a las petroleras venezolanas han empeorado la crisis atizando la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, que ha forzado a cuatro millones de venezolanos (más del 10% de la población del país) a emigrar de Venezuela en los últimos años.

Las nuevas sanciones estadounidenses son contra la llamada Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Las sanciones parecen ser mayormente simbólicas, pues prohíben que los estadounidenses hagan negocios con la agencia, lo cual probablemente ocurre poco.

La agencia arrestó al capitán Rafael Acosta como sospechoso de participar en un complot para asesinar a Maduro. Su abogado dijo que Acosta mostraba indicios de haber sido torturado antes de morir, tras comparecer en una corte.

“El arresto debido a razones políticas y la muerte trágica… fueron innecesarios e inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado.

Mnuchin dijo que el Tesoro está comprometido a poner fin al “tratamiento inhumano de oponentes políticos, civiles inocentes e integrantes de las fuerzas militares (del régimen de Maduro) a fin de sofocar a la disidencia”.

El gobierno de Trump ha sancionado a decenas de altos funcionarios venezolanos, incluso a Maduro, acusándolos de robar de las arcas públicas para enriquecimiento personal, además de usar esos fondos para reprimir a sus críticos.

A través de un informe publicado recientemente, la alta comisionada de la ONU para derechos humanos Michelle Bachelet acusó a funcionarios venezolanos de abusar de los derechos humanos, como al cometer asesinatos extrajudiciales y otras medidas que minan las instituciones democráticas.

Maduro asegura que Estados Unidos quiere reemplazarlo con un gobierno títere encabezado por el legislador de oposición Juan Guaidó, en medio de una guerra económica contra su país de gobierno socialista.