MIAMI (AP) — Dos exfuncionarios venezolanos fueron acusados formalmente en Estados Unidos de lavado de dinero, entre ellos el exministro de Energía Eléctrica Luis Alfredo Motta Domínguez, quien fue destituido tras una cadena de apagones en su país, dijeron el jueves fiscales federales.

Motta, de 60 años, enfrenta siete cargos de lavado de dinero y uno de asociación delictuosa para lavar dinero, dijo la fiscal federal en Miami, Ariana Fajardo Orshan, en un comunicado.

Motta y Eustiquio José Lugo Gómez, de 55 años, concedieron contratos por 60 millones de dólares a tres compañías con sede en Florida a cambio de sobornos, la mayoría de los cuales fueron lavados mediante instituciones financieras del sur del estado, según los fiscales. Lugo fue director de adquisiciones de la empresa estatal venezolana Corpoelec, que también encabezó Motta.

Las autoridades dijeron que ninguno de los exfuncionarios está bajo custodia de Estados Unidos. Se desconocía el jueves si tenían abogados que los representaran en Estados Unidos.

Las tres compañías de Florida son Oriental Trading Corp., Search Trading y Headline, según documentos judiciales. Los contratos fueron por compras de montacargas, transformadores, generadores y focos.

Mota, general del ejército, fue destituido en abril como ministro de Energía Eléctrica por el presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una cadena de apagones a nivel nacional que dejaron a oscuras durante semanas algunas partes del país.

El gobierno venezolano culpó a Estados Unidos de los apagones, y afirmó que había saboteado la presa más grande del país. Sin embargo, expertos dijeron que lo más probable es que los apagones se hayan debido a años de descuido combinados con incendios atizados por vientos de temporada que afectaron las líneas de transmisión.

Los otros dos hombres implicados con Motta y Lugo se declararon el lunes culpables de cargos de corrupción, dijeron el jueves los fiscales. El venezolano Jesús Ramón Veroes, de 69 años, y Luis Alberto Chacín, de 54 años, de Miami, admitieron haber cometido asociación delictuosa para pagar sobornos a cambio de contratos con Corpoelec.

Además de enfrentar penas máximas de cinco años de prisión, los acusados tendrán que pagar al menos 5,5 millones de dólares en ganancias derivadas de su proceder indebido y en bienes raíces en la zona de Miami, según los fiscales.