Por José Reveles
 
Histórica. No hay duda en calificar de esa manera radical a la decisión de un Tribunal Colegiado de echar abajo la mal llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República en torno al destino de los 43 desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y reponer todo el procedimiento, que está plagado de vicios procesales y tortura, con una PGR que “ha actuado con parcialidad y sin autonomía”, por lo que hay que volver al principio y no dar por hecho que los 43 jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos cremados en una pira en el basurero de Cocula entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“No se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal; tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”, establece el resolutivo del Primer Tribunal Colegiado de Distrito del Décimo Noveno Circuito, al resolver dos amparos en revisión (203 y 206 de 2017).
Los magistrados ordenaron reponer la investigación, “dada la gravedad de las irregularidades detectadas” y crear una especie de Fiscalía Especial, una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa, que cumple dos años y nueve meses sin solución.
El Poder Judicial de la Federación se hizo eco de las recomendaciones que habían hecho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), quienes hallaron decenas de casos de tortura. De 63 detenidos analizados, sólo en 12 casos no había tratos inhumanos o degradantes durante la detención, interrogatorio o reclusión.
Entre los atormentados estaban precisamente los “confesos” de haber recibido, matado y cremado a los 43 normalistas, en complicidad con policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Hoy se sabe que también de Apaxtla, Tepecuacuilco y Taxco.
El cochinero que dejaron tras de sí las pesquisas de la PGR en tiempos de Jesús Murillo Karam, obligaron a los magistrados a ordenar “un procedimiento alternativo” para subsanar y corregir la deficiente actuación de la dependencia, que de mala manera armó su “verdad histórica”.
El destino de los 43 sigue sin respuesta. La nueva Fiscalía deberá trabajar al lado de los familiares. Se recomienda otra etapa de asesoría internacional, con nueva presencia del GIEI en México.
La PGR rápido se inconformó con la crítica de los magistrados “que desconocen la división de poderes”.
¿No es muestra de que existe independencia entre poderes?
Todo oficio o determinación que se emita en el futuro, para ser válida deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ordenan los magistrados.
Hay aquí un cambio obligado en las líneas de una investigación que toca a uno de los crímenes colectivos que más ominosos sobre el ánimo colectivo (seis muertos, decenas de heridos, 129 detenidos, 43 desaparecidos), el perpetrado en Iguala hace más de 44 meses. Los autores no están identificados ni castigados.
Los magistrados piden al Presidente de la República (otro poder) girar órdenes a todas las dependencias para apoyar a esta Comisión para la Justicia y la Verdad. Tiro de gracia contra la versión oficial.