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Opinion / 

Colegas periodistas desplazados

Capital Digital
Capital Digital redessociales@capitalmedia.mx
Hace 2 semanas
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El amigo, al colega, al convertido en icónico periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, cuyo artero crimen perpetraron sicarios hace justo un año en Culiacán, Sinaloa, a las 12 del día, con 12 balazos y cerca de Ríodoce, al semanario que fundó junto con otros informadores, le seguiría doliendo ver a tantos periodistas amenazados de muerte, hostigados, perseguidos, golpeados, atacados sus autos y sus casas, sus amigos y sus familias, al grado de tener que abandonar sitios de vida y trabajo.

Son los periodistas desplazados, “los correteados”, los obligados a huir a otros lares (docena y media, por lo menos, a la Ciudad de México, y varios más al extranjero). Era un fenómeno aislado y de pronto se convirtió en masivo. Pero no existe siquiera una ley específica para garantizar protección a estos informadores, no hay protocolos de actuación para desplazados en las conocidas instancias oficiales, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Gobernación), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE, de la PGR) y otras instancias concurrentes en la responsabilidad de apoyar a estos perseguidos, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y organismos policiales que han de brindar custodia personal y medidas cautelares en casos extremos.

El propio Javier estaba por salir de Culiacán cuando olfateó el peligro de ser atacado; analizó y acordó con su familia un exilio temporal, pero no tuvo tiempo de poner en práctica las medidas de autoprotección consensadas con los medios en los que escribía y con organismos internacionales como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) o Reporteros Sin Fronteras.

De tres ejecutores físicos del laureado periodista, uno fue a su vez asesinado en San Luis Río Colorado, Sonora, en septiembre pasado. La familia recogió los restos de Luis Ildefonso Sánchez Romero “El Diablo” hasta febrero de 2018, pues el joven sicario y los cuerpos de otras dos personas que con él fueron liquidadas, aparecieron calcinados en un vehículo. Al parecer el sello de la casa, incinerar para borrar rastros. Otro presunto matón, Juan Francisco “N” apodado “El Quillo”, está detenido por posesión de armas, se ignora en qué cárcel, y pronto será acusado –dice la autoridad– por el crimen de Valdez. El tercero es Heriberto Picos Barraza, “El Koala”, huyó a Tijuana y trabajaba como albañil cuando fue capturado.

Casi increíble, pero una pistola habría sido el pago a uno de los ejecutores del periodista.

Mientras la prensa se ha convertido en motor fundamental para luchar contra la corrupción y los abusos del poder, la violencia contra periodistas crece de manera exponencial, dice en su más reciente informe el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En efecto, casi se triplicaron las agresiones a informadores y hay, además del creciente fenómeno del desplazamiento, no menos de 25 periodistas desaparecidos.

Los mecanismos de protección no atienden a la salud de los periodistas desplazados y sus familias, no asignan presupuesto para educación de sus hijos y tampoco ofrecen empleos. Muchos ni siquiera se han acogido a las instancias federales, pues temen ser revictimizados, que sus perseguidores los ubiquen o simplemente ser dejados a su suerte.

Ayer fue acribillado en Villahermosa el conductor Juan Carlos Huerta .

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