POR Martha Alejandra Guzmán
En al menos 34 de las 129 detenciones de personas involucradas en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, existieron actos de tortura perpetrados principalmente por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y miembros de la Marina, así lo afirmó Jan Jarab.
“De 129 personas detenidas en el caso la oficina examinó 63 casos en 12 de ellos no hubo ninguna información que indicara la existencia de tortura, mientras que en 51, la oficina si tiene algunos elementos que indicarían que los detenidos habrían sufrido malos tratos o tortura, pero de esos 51 casos en 34 casos tenemos fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura”, declaró el representante en México del alto comisionado de Naciones Unidas.
“Según información contenida en el expediente las autoridades involucradas en estos actos incurrirían a personal de PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal, así como integrantes de la Policía Federal y de la Secretaria de Marina”, agregó.
Durante la presentación del Informe doble Injusticia, Jarab, explicó que esta convicción que permite señalar los actos de tortura están basados en seis pilares que rigieron el análisis del expediente.
REVIRA GOBIERNO INFORME
Horas más tarde, el gobierno de México respondió al informe del alto comisionado de Naciones Unidas, y en un comunicado conjunto, la Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, externaron su preocupación porque  dicho informe arroga conclusiones sobre situaciones que aún permanecen bajo investigación.
El Gobierno mexicano recordó que el caso Iguala es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por tal comisión.
Destacó que la ONU- DH omitió información relevante que consta en los expedientes, entre ellos, pruebas periciales obtenidos  con base en los más altos estándares internacionales que existen (Protocolo de Estambul).
Ello, aunado a que las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que llegó dicho informe.