Por Elizabeth Rodríguez Mora
México, 21 Ene (Notimex).- Los senadores Kenia López Rabadán y Samuel García Sepúlveda se pronunciaron porque se respeten los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera sur de México para llegar a Estados Unidos.
López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, indicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) deben garantizar los derechos humanos de los migrantes de la Caravana 2020 que se encuentra de tránsito en la frontera sur del territorio nacional, así como en las estaciones migratorias.
“El derecho a migrar es un derecho humano reconocido en tratados internacionales de los que México es parte, sin embargo, con las acciones de represión llevadas a cabo por el gobierno federal se pone en riesgo la integridad de los migrantes”, enfatizóla legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).
Apuntó que el gobierno de México tiene una actitud hostil que traiciona a su propia historia, y de falta de solidaridad con “nuestros hermanos centroamericanos”, lo que calificó de incongruente con la historia de quienes están en el poder.
“Es inhumano el trato que el gobierno da a los migrantes que huyen de su país de origen para escapar de las condiciones de violencia y pobreza, debemos tratarlos como queremos que sean tratados nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos”, señaló.
La senadora panista indicó que el gobierno debe ayudar a regularizar la situación migratoria de los viajeros de esta caravana y, en su caso, reconocer su condición de refugiados, y resaltó que las autoridades no deben violentarlos, sino reconocer sus libertades fundamentales, pues como seres humanos son sujetos de derechos.
Por separado, García Sepúlveda criticó la manera en cómo se ha tratado de impedir a los migrantes que quieren cruzar por la frontera sur de México y dijo que las leyes migratorias nacionales son “inaplicables”.
Según el legislador de Movimiento Ciudadano, el hecho de que se tengan redadas de ese tipo representa un delito de las autoridades que se encargan de esas acciones, pues se violan los derechos humanos y tratados internacionales de los que México es signatario.
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