Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Tarek Abdalá y Antonio Enrique Tarín, acusados de corrupción  en Veracruz y Chihuahua, respectivamente, siguen presentando amparos a fin de combatir las investigaciones de las que son objeto.
Abdalá, diputado federal, presentó un incidente de violación de suspensión definitiva en contra  del fiscal general de Justicia de Veracruz, quien solicitó el juicio de procedencia a la Cámara de Diputados para el legislador.
Mientras que Tarín García, quien saltó a la fama por haberse ocultado en la Cámara de Diputados para evitar se ejecutara la orden de aprehensión en su contra, y quien busca que se le nombre diputado federal para obtener el fuero, también tramitó en días pasados un amparo por actos dentro del juicio que no le favorecen.
El diputado Tarek, mediante el juicio 1092/2016, se quejó que no le fue informado cuántas averiguaciones previas hay en su contra y en las que figura como indiciado, por ello, el juez Quinto de Distrito en la CDMX le concedió la  suspensión definitiva de estos hechos. El priista exigió que se solicite al fiscal copia del escrito que envió a la Cámara de Diputados por el cual se pidió la aplicación del artículo 111 Constitucional que tiene que ver con el juicio de procedencia para los servidores que gozan de fuero.
En el caso de Tarín, el pasado 21 de abril presentó un amparo porque no fue notificado personalmente de las acciones y diligencias que forman parte de las pesquisas presuntamente ordenadas por el fiscal especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, mismas que calificó de inconstitucionales.
Días después, el juez Séptimo de Distrito dio entrada a la demanda 387/2017, y los emplazó para el próximo 30 de mayo a la audiencia constitucional; cabe precisar que el político cuenta con una suspensión provisional para no ser detenido “por su responsabilidad en el delito de peculado”.
El extesorero en Chihuahua durante la gestión de César Duarte Jáquez enfrenta cargos del fuero común por el delito, el cual no es considerado grave de acuerdo con el Código Penal Federal, y alcanza la libertad bajo caución ante el juez penal.
La suerte jurídica del indiciado se definirá en la próxima audiencia constitucional del 10 de mayo por el primer amparo en contra de la orden de aprehensión.