México, 9 Nov (Notimex).- La Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar el número de plazas administrativas en la Unidad Especializada Antisecuestros de 2017 a 2019, datos que se había negado a dar a un particular al considerar que podría ser riesgoso para la seguridad pública y/o nacional.
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la información solicitada es de carácter meramente estadístico, por lo que su publicidad no constituye una amenaza para la seguridad nacional ni compromete la seguridad pública.
Así, el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental instruyó a la Fiscalía a modificar su respuesta y en consecuencia a brindar al particular los datos que solicitó.
“Existe una línea delgada que las instituciones deben distinguir y es la correspondiente a la información estadística que, incluso en estos casos delicados, podría entregarse a las personas en ejercicio de su derecho de acceder a la información”, apuntó el Comisionado Oscar Guerra Ford, al presentar el asunto ante el pleno.
Dijo que solo se pide un número, no identificar a servidores públicos de una parte de la FGR encargada de investigar delitos como secuestro, “se pide información de áreas administrativas, en sí no se está pidiendo revelar el estado de fuerza operativa del área, sino simplemente conocer el número de personal administrativo”.
Luego de que un particular solicitó conocer el número de plazas administrativas en la Unidad Especializada Antisecuestros, la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada clasificó como reservada la información bajo el argumento de que esta revelación ponía en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas.
En el mismo sentido se pronunció la Coordinación de Métodos de Investigación, al resolver la reserva de la información requerida, pues consideró que podía poner en riesgo la seguridad pública y/o nacional.
Inconforme con la respuesta de la Fiscalía General de la República, el particular interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia.
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