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Trabajan para garantizar el derecho a la vivienda

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Cada tres años el estado recibe 750 mil nuevos habitantes


Reconociendo que si bien, el Estado de México cuenta con el mayor número de viviendas del país con más de 4.1 millones, actualmente enfrenta una demanda habitacional de 850 mil hogares, por lo que la apuesta está en garantizar que el derecho constitucional a la vivienda sea una realidad para todos los mexiquenses, tal y como lo apuntó el gobernador del Estado de México, durante el Décimo Encuentro de Vivienda.
Al reunirse con desarrolladores y promotores inmobiliarios, destacó que “con base en un modelo riguroso de planeación urbana, impulsaremos la formalización de vivienda, la regularización de la tierra, los desarrollos inmobiliarios mixtos, la vivienda infraurbana y el crédito a la vivienda”.
A fin de dar a entender la necesidad de generar alternativas de adquisición de una vivienda a mexiquenses, el gobernador aseguró que en los últimos 30 años, como consecuencia de la migración y el crecimiento poblacional, las áreas mexiquenses han presentado una expansión acelerada, puesto que cada tres años, la entidad recibe 750 mil nuevas personas, lo que dijo, implica un gran reto el brindarles oportunidades de empleo, servicios, vivienda y de desarrollo social a todos.
Tras enfatizar que la economía de la entidad aporta 9.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunado a las múltiples obras que se encuentran en desarrollo, se abrirá una oportunidad para que desarrolladores y promotores inmobiliarios volteen a ver la entidad y den atención a la demanda de vivienda que hoy en día se tiene.
Ante la presencia de directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), delegación Valle de México, el mandatario mexiquense aseguró que la adecuada planeación urbana será responsabilidad compartida entre todos los órdenes de gobierno.
En ese sentido, el gobernador mexiquense hizo un llamado a los gobiernos municipales para renovar su plan de desarrollo urbano, garantizar el acceso a servicios públicos de calidad y refrendar su compromiso con la mejora regulatoria y con el ordenamiento responsable del territorio.