Con una ardua discusión, los diputados de la LX Legislatura local decidieron no aprobar el dictamen del informe de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2017, devolviéndolo a la comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que subsane y profundice en los trabajos hasta que los resultados convenzan a la mayoría.
Si bien, el plazo legal para la aprobación del informe era hasta este 15 de noviembre, con la desaprobación, se pone legalmente en pausa la etapa de acatamiento de los ordenamientos emitidos por la Comisión al propio organismo, entre los que se establecía dar inicio con auditorías especiales a los ayuntamientos con mayor endeudamiento e informar mensualmente sobre el avance de las observaciones detectadas.
En el pleno, miembros de Morena y Acción Nacional pidieron reconsiderar el sentido del dictamen alegando que al aprobarlo le estarían dando el visto bueno a lo ejercido por la administración de Eruviel Ávila Villegas.
Al respecto, la diputada de Morena, Karina Labastida Sotelo afirmó que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron mil 040 millones de pesos los que no se ejercieron en materia de Salud, pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, al Seguro Popular y a Prospera; además de haber detectado ocho vías mediante las cuales el presupuesto federal etiquetado terminó para el pago de salarios de personas que ya no trabajaban y otros que nunca laboraron; es decir, se pagó a “aviadores”.
Azucena Cisneros Coss, presidenta de la Legislatura aseguró que en el informe, el OSFEM reporta que 38 programas del gobierno estatal recibieron valoraciones que van desde Regular a una calificación Crítica, detallando que en la lista “negra” se encuentran programas como: perspectiva de género, coordinación metropolitana, deuda pública, seguridad pública, impartición de justicia, educación superior, oportunidades para jóvenes, apoyos a adultos mayores, sistema de salud y pueblos indígenas.
Siendo los peor evaluados los programas de empleo, fomento turístico, protección a la población infantil, procesos electorales, vivienda, modernización de transporte masivo, alumbrado público e innovación científica y tecnológica.
“No avalaremos los resultados de un gobierno con un nivel tan alto de irregularidades, la cuenta pública 2017 es la cuenta del engaño y los abusos. Estamos obligados a impulsar las reformas que permitan la plena rendición de cuentas y amarre las manos a quienes se han servido de los recursos públicos”, expresó.
Por su parte, diputados del Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo calificaron de “incongruente” la decisión tomada ante el pleno, ya que previamente se sostuvieron tres reuniones con el auditor del OSFEM para aclarar las dudas necesarias.
“En comisiones, toda la bancada de Morena votó a favor de la cuenta y ahora en el pleno no, porque seguramente recibieron alguna indicación de su dirigencia”, manifestó Mercedes Colín Guadarrama.