La iniciativa del gobierno federal de equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada y que implica la prisión preventiva sin derecho a fianza, “es terrorismo fiscal, que no hay en ningún otro lado, en ningún otro país”, indicó Enrique Vargas Del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
El también alcalde del municipio de Huixquilucan, enfatizó que si bien el Partido Acción Nacional está a favor de que el gobierno federal vaya por las empresas fantasmas, las medidas que plantean implementar son excesivas.
“A la delincuencia organizada el Presidente de México le dice fuchi, guácala, y a los empresarios vamos a meterlos a la cárcel como delincuentes, eso es terrorismo fiscal”, expresó.
Vargas Del Villar puntualizó que esta iniciativa es consecuencia del débil proyecto del Presupuesto Federal 2020, el cual tiene como meta que la economía crezca 2 por ciento.
Hacen esto “porque necesitan ingresos, saben que no van a llegar; lo que tiene que hacer es activar ya la economía”, el presidente municipal huixquiluquense agregó que en “Acción Nacional vamos a estar pidiendo al presidente que cumpla su palabra, dijo que íbamos a crecer a 4 por ciento, que lo cumpla, él dijo que le diéramos seis meses para acabar con la inseguridad, ya lleva tres”.
Enrique Vargas Del Villar reconoció que lo proyectado en el presupuesto será inalcanzable, ya que “los ingresos los están basando en el Impuesto sobre la Renta (ISR), en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y en Pemex”.
Empero, “si no hay crecimiento, no hay circulante, no va a haber ISR, no va a haber IVA, por eso este porcentaje que traen ellos en el presupuesto no va a llegar y vamos a estar en un grave problema en el país, si no hay consumo, no hay IVA, tenemos que entender que en los gobiernos los países no viven de la inversión pública, viven de las empresas”, enfatizó.
Por tal motivo, indicó, “estamos viendo en el país que se están cerrando empresas chicas y grandes, de tres empleados hasta de empresas grandes, porque no hay circulante, no hay desarrollo, no hay obras”, y las que hay se encuentran paradas como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
“Por eso el próximo año es muy importante que el Presidente de la República ya se dedique a gobernar, que les dé certidumbre a los empresarios; por ejemplo el aeropuerto está parado por un proyecto como Santa Lucía, las mismas aerolíneas han dicho que no van a volar ahí, que tiene problemas jurídicos y sigue necio. Qué debe hacer, reactivar la economía, irse al aeropuerto de Texcoco”, comentó.
Asimismo, agregó que los programas sociales han fallado y serán utilizados sólo con fines electorales, además se ha generado pérdida de empleo en lo que va de la actual administración del Gobierno Federal.
“El programa en donde supuestamente iba a haber trabajo para los jóvenes no lo hay, ya pararon el programa, en este presupuesto vuelven a meterlo programa, pero por un tema electoral, eso es un tema delicado, lo más delicado es los ingresos”, reconoció.
Fue el 10 de septiembre cuando el Pleno del Senado avaló aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Con 82 votos a favor y 34 en contra en lo general, los senadores aprobaron el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
En él se estableció que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable.
Además, se prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Los legisladores informaron que del 2014 a junio del 2019 se evadieron 354 mil millones de pesos por el uso de facturas falsas, lo que equivale a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto.
