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Sábado 24 de Agosto 2019

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“Elección” se realizó con los requisitos mínimos

Legisladora. Foto: Especial Foto Capital Media
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25 de Julio 2017
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Se queda a deber a los ciudadanos, pues no se garantiza imparcialidad

A pesar de que se aprobó el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, no existe un procedimiento claro para objetar al Fiscal Anticorrupción ni tampoco uno específico y legal establecido para la ratificación por parte de los legisladores, pues sólo se cumplió con los mínimos requisitos, por ello es necesario hacer reformas para alcanzar los máximos, sentenció la presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, María Fernanda Rivera Sánchez.

Esta situación no da certeza jurídica ni política a los ciudadanos, por tanto, admitió que los legisladores quedaron a deber frente a la construcción de instituciones y procedimientos que de garantía de la transparencia y anticorrupción.

Sobre la forma en que se ratificará al Fiscal Anticorrupción ya que los diez días hábiles para presentar alguna objeción por parte de las dos terceras partes de los 75 diputados se cumplen este 26 de julio, y si el nuevo funcionario debe acudir o no a rendir protesta en la cámara de diputados, enfatizó que quizá se tuvo un acuerdo en la Junta de Coordinación Política de la LIX legislatura para hacer algún planteamiento durante la próxima sesión.

Dijo que hay retos por delante, aunque todo es perfectible, por lo que todavía se deben hacer ajustes, y ante la falta de una consulta amplia, abierta y pública para elegir al fiscal, quien entre en funciones debe hacer un compromiso con los mexiquenses.

Indicó que al aprobar el sistema de esta manera, fue bajo el ánimo de cumplir en tiempo por quizá alguna oportunidad política; sin embargo, al hacer trascendental dicho tema, afirmó que no están satisfechos.

“Con esta reforma de mínimos, porque son los mínimos con los que hemos cumplido, legalmente tenemos que armonizar, contando la reforma Constitucional, con la ley que crea el sistema, con algunas reformas para poner el tema del Tribunal de justicia Administrativa”.

Rivera Sánchez reiteró que se cumplió con parámetros mínimos, pero que no necesariamente satisfacen la demanda ciudadana de articular un esfuerzo fuerte en materia de combate a la corrupción, por eso debe pelearse mayor autonomía para los órganos fiscalizadores y de control interno de los organismos autónomos.

Se debe definir cómo se integrará el Comité de Participación Ciudadana, que es el ingrediente innovador del sistema estatal y Municipal, donde los ciudadanos tendrán voz y peso en el entramado anticorrupción, por eso se insistirá en que haya una consulta amplia, convocatoria difundida por todos los medios posibles para que los interesados se involucren y sea un proceso dinámico, abierto y transparente hacia los ciudadanos, que es a quien se deben rendir cuentas.

Asimismo, dijo que en los pasos que siguen se manifieste una voluntad franca y sincera de todas las fuerzas políticas de combatir la corrupción, más aún frente a un cambio de gobierno y se atiendan las demandas que se expresaron en las urnas, con respuestas concretas resultados específicos a corto plazo.

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