Por Fernando Nolasco Hernández
De la lista de 174 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que se encuentran en proceso de destitución, 60 ya fueron notificados, los restantes buscan ampararse para no ser notificados del despido, informó Iván Chávez Alanís, presidente nacional de la organización Ciudadano Uniformado, A.C, y representante legal de los implicados.
Explicó que todos los elementos laboraban en el área de Análisis Criminal de la dependencia, a los 60 dijo que los citaron para realizarles un examen psicométrico, sin embargo, ahí les notificaron su baja sin darles tiempo a la garantía de audiencia, o de ofrecer alguna prueba en su favor “lo único que les dijeron fue que estaban despedidos por no cumplir una orden, que tampoco les explicaron”.
Chávez Alanís, detalló que a los 60 destituidos los van a apoyar para iniciar la demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado, mientras que entre los 114 restantes que no han recibido la notificación 45 ya se ampararon y los demás lo harán entre el sábado y lunes.
“Son 174 familias que quedan sin una estabilidad económica y laboral, lo peor de todo es que no les dieron la oportunidad de leer antes de firmar su baja”, mencionó que todos pertenecen al área de la Unidad de Análisis Criminal se encargan de recopilar la información y distribuirla al gobierno estatal.
Destacó que entre la lista de despedidos se encuentran elementos con antigüedades que van de los cuatro a los 30 años de servicio, entre ellos tres mujeres una que está a punto de dar a luz, las otras dos se recuperan de sus embarazos, los restantes 171 son hombres que cuentan con estudios superiores y conocen sus derechos.
Los elementos temen que no sean liquidados conforme a derecho, aunque reconoció que la titular de la seguridad del estado, a través de un comunicado les aseguro que se cumplirá con las obligaciones laborales, motivo por el cual la asociación Ciudadanos Uniformados, los está representando y buscará la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en caso de que se observen anomalías.
Chávez Alanís adelanto que se busca hacer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción, para frenar las bajas injustificadas y fuera de procedimiento. También buscarán al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local pues pretenden que la Comisión de Justicia tome cartas en el asunto y llamen a la titular de seguridad y la razón de los despidos de personas que tienen información confidencial y delicada en su poder.
Mencionó que antes de destituirlos debieron ser llamados ante la Comisión de Honor y Justicia para ser informados del porque les están iniciando un proceso y les dieran la oportunidad de ser oídos y sometidos a juicio, procedimiento al que tiene derechos cualquier policía, sin embargo a ellos, les aplicaron el artículo de la ley de trabajo como si fueran de confianza, es decir como si fueran administrativos y no operativos, el representante legal negó que tengan alguna restricción por el órgano de Control de Confianza.