Bogota, 22 Ene (Notimex).- Grupos armados ilegales tienen sitiado al departamento de Arauca, en Colombia, y extienden su imperio de terror hacia el estado vecino de Apure, en Venezuela, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
El informe, titulado “Los guerrilleros son la policía: control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, documenta toda una serie de crímenes cometidos por grupos como el ELN y la disidencia de las FARC ‘Martín Villa’, y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).
Ambos grupos armados, además de controlar el territorio, vienen implementado de manera efectiva una estrategia de manejo social que reglamenta no solo las actividades económicas, como la pesca, sino otras más cotidianas como el pago de deudas y hasta la hora de cierre de los bares.
“Acá se hace lo que ellos dicen, o uno se muere”, relata uno de los testimonios recogidos por la ONG en su informe de casi 70 páginas que será presentado este miércoles en Bogotá, destacó el diario El Tiempo.
“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte, o con meses de trabajo forzado. Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera”, señaló el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentará este miércoles el estudio en la capital colombiana.
La ONG constató la situación en Arauca, en el este de Colombia, en agosto de 2019 y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
Con esos testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y “las hacen cumplir brutalmente”.
Las órdenes incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, “prohibiciones de violación, robo y asesinato” y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.
Con los testimonios recopilados, HRW concluyó que los abusos denunciados, “que incluyen asesinatos, trabajos forzados, reclutamiento de niños y violaciones, se cometen como parte de la estrategia de los grupos para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure”.
Vivanco subrayó en el informe que “los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera y especialmente en Venezuela a veces están en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales”.
Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados, los abusos siguen impunes. Mientras en Venezuela, las guerrillas “parecen sentirse aún más libres para operar”.
Habitantes, líderes comunitarios, periodistas y trabajadores humanitarios aseguraron a HRW “que en algunos casos, los grupos armados actúan en connivencia con las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales”.
Señala además que grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes de la zona “con trabajos forzados, obligándolos a trabajar durante meses sin paga en fincas, limpiando caminos o cocinando” para ellos, “lo que a menudo ocurre en Venezuela”.
Colombia y Venezuela, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, comparten una frontera de dos mil 219 kilómetros, donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales herederas de los paramilitares colombianos, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes.
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