México, 25 Abr (Notimex).- La problemática de vivienda abandonada en el país es de tal magnitud que “tenemos que actuar ya”, advirtió el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón.
Consideró la urgencia de pasar del discurso político a la solución, por lo cual anunció que, en un plazo aproximado de 15 días, se dará a conocer el Programa Nacional de Vivienda Recuperada y se empezará a trabajar en ello.
Dijo que ese programa será un reflejo de la política de vivienda en el país, porque reflejará los lineamientos que, desde la federación, se llevarán a cabo con una visión más humanista.
Durante su participación en la mesa redonda denominada “La transformación de la vivienda social en México”, que organizó la Alianza para la Regeneración Urbana, el funcionario recordó el impacto que vivió en una de sus giras de trabajo.
Y es que se dijo sorprendido al haber sido testigo de una unidad habitacional en Matamoros, abandonada, quemada y vandalizada hace apenas unas semanas, misma que había sido entregada a sus dueños hace solo cuatro años.
“En cuatro años esas viviendas se abandonaron, se quemaron, se vandalizaron, la infraestructura tronó, el sistema de drenaje ya no sirve. ¿Qué estamos haciendo como Estado mexicano? ¿Qué clase de política de vivienda estamos llevando a cabo para que en cuatro años suceda esto?”
Con esta reflexión, el funcionario estableció la urgencia de una política de vivienda humanizada para que, en el sector vivienda, estas experiencias dejen de replicarse.
El director de Administración de Cartera del Instituto para el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Bernardo Altamirano, adelantó a su vez que hasta hoy el organismo ya detectó unas 300 mil viviendas en condiciones de abandono, entre vacías o invadidas, que serían sujetas del programa.
“Este es el universo con el que vamos a estar trabajando en este programa”, e informó que 80 por ciento de estas viviendas se encuentra en 79 municipios, aunque los de mayor concentración están en los estados de México, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Jalisco.
Las causas de estas condiciones fueron los mismos créditos, que se llegaron a encarecer, en tanto que otro motivo es que los municipios incumplieron sus compromisos de servicios públicos e infraestructura urbana y se “encontraron desarrollos sostenidos en alfileres”.
El funcionario adelantó que la meta es evitar estas condicionantes, y que todo ese patrimonio vuelva a ser útil.
Aunque no dio una fecha límite para solucionar el tema y evitó dar adelantos de la política que está aún en proceso, comentó que la solución tiene que ser mediante alianzas estratégicas con organizaciones sociales, comunitarias, aportación de capital de empresas y un estricto control del gobierno federal.
“El primer punto será encontrar la forma de ubicar a los aliados estratégicos que empiecen a hacerse responsables de sus polígonos, y ellos que trabajen con sus propios proyectos y mecanismos”.
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